Mientras en el Congreso Nacional duermen proyectos de lyes para regular la actividad criptomineras, las granjas ilegales siguen operando
Mientras el Congreso Nacional continúa postergando el tratamiento de proyectos claves para regular la criptominería en Paraguay, los hechos demuestran que la actividad —muchas veces de forma ilegal— avanza a paso firme. El caso de la tentativa de asalto a una granja de criptomonedas en Coronel Bogado, que involucró a un grupo armado de al menos 20 personas, es solo la última evidencia de una problemática más profunda, donde el vacío normativo, la impunidad y poderosos intereses convergen para mantener el statu quo.
La criptominería, como fenómeno global, no es algo pasajero. Es una industria emergente que demanda ingentes cantidades de energía eléctrica, infraestructura especializada y personal capacitado. En nuestro país, estas condiciones —junto con los bajos costos energéticos provistos por la Itaipú y Yacyretá— han convertido a Paraguay en un destino atractivo para instalar granjas de minería digital, muchas de ellas en el interior, en zonas alejadas del radar estatal.
Sin embargo, el crecimiento acelerado y descontrolado de esta actividad ha ido acompañado de prácticas irregulares: consumo clandestino de energía, evasión impositiva, ocupación ilegal de terrenos y desecho inadecuado de residuos tecnológicos. Los servidores utilizados en las granjas tienen una corta vida útil, y ningún distrito cuenta con un sistema adecuado para su disposición. En consecuencia, estos equipos acaban muchas veces como chatarra contaminante, arrojados sin control en comunidades rurales.
La falta de regulación no es casual. Proyectos de ley para normar esta actividad duermen desde hace años en el Congreso, encajonados evidentemente, por el peso de lobbies bien engrasados que prefieren operar en la sombra. Los intentos de establecer un marco jurídico han sido neutralizados una y otra vez, mientras la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lidia con conexiones ilegales y pérdidas millonarias, que terminan afectando al usuario común.
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