La responsable de la causa afirmó que las cámaras del sitio estaban inoperativas y que no se realizó alcotest por el clima de tensión, decisiones que despiertan cuestionamientos sobre rigor, transparencia y criterios utilizados durante el procedimiento.
La investigación del choque que derivó en un conflicto con un subcomisario sumó nuevas controversias luego de que la fiscala Karina Caballero reconociera que las cámaras del 911 ubicadas en el lugar del incidente "no funcionan". La ausencia de registros visuales —elemento clave para esclarecer responsabilidades— generó críticas hacia el modo en que el Ministerio Público está conduciendo el caso.
Caballero también admitió que no se aplicó la prueba de alcotest a ninguno de los protagonistas, alegando que "fue tal la furia que tenían todos que me tuve que constituir en la Comisaría para calmarlos". La explicación despertó cuestionamientos, ya que la prueba de alcohol es un procedimiento estándar en accidentes viales y su omisión deja un vacío pericial difícil de justificar.
En respuesta a la versión del conductor, quien aseguró que la fiscala le comentó que la conductora involucrada tenía "poder", Caballero negó categóricamente las afirmaciones y sostuvo que "el único poder que existe acá es la verdad". Sin embargo, la falta de pruebas fundamentales —como imágenes y alcotest— fortalece la percepción pública de un manejo poco riguroso del proceso.
A esto se suma un contexto preocupante: informes recientes señalaron que menos de la mitad de las cámaras del 911 están operativas, situación que ya había sido denunciada por organizaciones civiles y especialistas en seguridad. La combinación de equipos inactivos y decisiones fiscales cuestionadas plantea serias dudas sobre la efectividad de la investigación.
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