Los costarricenses acudirán hoy a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, bajo la sombra del narcotráfico y la continuidad del polémico proyecto político del presidente Rodrigo Chaves prometida por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, y el cambio que pretende la oposición. Ayer, los candidatos de oposición como la centroizquierdista de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quienes disputan el segundo lugar según las encuestas, harán algunas actividades privadas o con sus seguidores, y otros atenderán a medios de comunicación y a los observadores internacionales que se acreditaron para participar en el proceso.
Los costarricenses acudirán hoy a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, bajo la sombra del narcotráfico y la continuidad del polémico proyecto político del presidente Rodrigo Chaves prometida por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, y el cambio que pretende la oposición.
El plazo para publicar encuestas terminó el pasado miércoles y todas dieron como favorita a la oficialista Fernández, incluso con un apoyo superior al 40%, necesario para ganar en primera ronda, mientras que los partidos de oposición han centrado sus mensajes a los votantes en evitar la continuidad y en señalar riesgos de una “dictadura”.
Fernández, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia, se ha presentado como la “heredera” de Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad, que durante su mandato ha mantenido fuertes roces con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y medios de comunicación críticos.
La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, de 39 años y politóloga, fue ministra de la Presidencia y de Planificación del Gobierno de Chaves y ha pedido a los votantes que le den una mayoría contundente de diputados en el Congreso para reformar el Estado y el Poder Judicial y llevar adelante una política de mano dura contra el crimen.
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