La Corte Suprema de Justicia, desde el mes de septiembre pasado, “cajonea” la recusación contra el juez penal de garantías Blas Cabriza, en el proceso por la tragada de G. 30.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes. En la causa están acusados el diputado Óscar Núñez (ANR) y 41 supuestos cómplices. Existe una fuerte presión política para blanquear al legislador colorado cartista.
VILLA HAYES, Dpto. de Presidente Hayes (Rocío Portillo, corresponsal). El 14 de septiembre fue suspendida por cuarta vez la audiencia preliminar. Fue luego de que el abogado Julio Verón, representante del exadministrador de la Gobernación de Presidente Hayes, Edulfo Verón, recusara al juez Cabriza, alegando que el magistrado había preopinado con respecto al caso. Dijo que el hecho generó dudas sobre la imparcialidad del juez.
El diputado Núñez y los 41 acusados fueron imputados por el fiscal Martín Cabrera por un perjuicio de G. 30.000 millones a la Gobernación de Presidente Hayes, mediante la expedición de 900 cheques que fueron cobrados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y no cuentan con documentos respaldatorios.
Cabrera había acusado y solicitado juicio oral al juez Cabriza para el legislador, en otro proceso en donde la lesión al patrimonio de la Gobernación fue de unos G. 900 millones. Aquí se desviaron fondos destinados a la ayuda social para comunidades indígenas, que se encontraban en emergencia hídrica.
Núñez también fue imputado por supuestas irregularidades cometidas en el programa “Una computadora por niño” por la suma de G. 1.050 millones, así como por malas ejecuciones en diversas obras de infraestructura.
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