La Justicia Electoral no deja de asombrar a la opinión pública con escándalos tras escándalos. Ahora se suma que los responsables del TSJE pretendieron involucrar a organismos internacionales en gastos en que no incurrieron, tal como aclararon estos últimos. Es hora de que el Gobierno, a través de sus tres poderes, realice una intervención a fondo en la Justicia Electoral con el propósito de sanear la institución.
La Justicia Electoral no deja de asombrar a la opinión pública con escándalos tras escándalos relacionados a la mala administración de los recursos que se le asignan, a la existencia de planilleros y hasta de una financiera “mau” con modalidad de usura.
Ahora se suma el hecho de que los responsables de la institución estaban atribuyendo tranquilamente gastos de consumo a los observadores internacionales enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como si fuera que los agentes de dichas organizaciones hayan venido a nuestro país sin recurso alguno para cubrirse los gastos propios del trabajo de observación.
La Justicia Electoral gastó 765 millones de guaraníes supuestamente para cubrir el hospedaje y otros gastos de los observadores de la OEA, Unasur y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Ante el descubrimiento de que gran parte de ese monto estaba atribuido a los observadores, desde la OEA aclararon que la organización financia los gastos de sus enviados y que estos solo aceptan invitaciones de cortesía. La agencia de turismo Amitour asumió la culpa de un supuesto y poco creíble error en la confección de la factura remitida a la Contraloría.
La “aclaración” de la citada agencia de turismo señala que los gastos consignados erróneamente a los observadores de la OEA en realidad debían ser asignados a nombre de los observadores de Unasur y Uniore. No obstante, fuentes de la primera organización nombrada manifestaron a nuestro diario que ella se encarga de cubrir los gastos de sus observadores internacionales.
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