El inicio del año ha sido testigo de anuncios por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), destacando su intención de desconectar a alrededor de 100.000 usuarios debido a deudas acumuladas. Sin embargo,...
El inicio del año ha sido testigo de anuncios por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), destacando su intención de desconectar a alrededor de 100.000 usuarios debido a deudas acumuladas. Sin embargo, mientras la atención se centra en los ciudadanos comunes, una problemática más compleja y perjudicial para el país se desenvuelve en las sombras de Alto Paraná: las granjas mineras de criptomonedas.
Este fenómeno, compuesto por al menos 40 instalaciones operadas en su mayoría por extranjeros de dudosa reputación vinculados a actividades ilícitas, está saqueando impunemente grandes cantidades de energía eléctrica. Las evidencias sugieren que estas operaciones, más allá de los aspectos económicos, están siendo utilizadas como fachada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
En un contraste sorprendente, el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, anuncia con firmeza la desconexión de aquellos que acumulan deudas, mayormente ciudadanos comunes, mientras las granjas mineras continúan su actividad ilegal sin consecuencias reales. Este desequilibrio en la aplicación de las medidas revela una desconcertante falta de priorización y enfoque por parte de las autoridades.
El proceso de minería de bitcoins, en el cual se utilizan potentes servidores que consumen enormes cantidades de energía, ha pasado desapercibido en gran medida por parte de la ANDE. A pesar de esporádicos esfuerzos conjuntos con la Fiscalía, las acciones hasta ahora han resultado insuficientes para frenar la creciente pérdida de millones de dólares anuales para la estatal.
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