Celia Urbieta, directora de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Trabajo, denunció que la Unidad de Control Ciudadano de la Contraloría General de la República no cumple con la Ley 5282, rechazando los pedidos de informes, o directamente no recibe las notas de solicitudes de varios entes públicos.
Mencionó que esta situación ya data desde hace siete meses aproximadamente.
Urbieta sostuvo que la Dirección de Control Ciudadano, que se encarga de recibir los pedidos de informes, está dirigida por Fabián Forestieri.
Acotó que el contralor general Roy Rodgers está al tanto de esta situación y que ordenó responder a los pedidos, pero sin embargo esta dirección sigue saliendo a contramano a su decisión.
“La Contraloría tiene una unidad de control ciudadano que tiene sus propios métodos de otorgar la información; por ende, no reciben y rechazan las notas que son de solicitudes de información que están aprobadas por la Ley 5282, la ley es para todos, el mecanismo debe ser aceptado, la ley habla de un mecanismo de derivación, en la cual las instituciones están obligadas a informar, no es que porque no se hace la solicitud como ellos quieren pueden rechazar la solicitud”, expresó Urbieta.
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