El domingo por la tarde, la Contraloría presentó la apelación al fallo del juez Rubén Riquelme que le obliga a presentar las declaraciones juradas de bienes. Entre sus argumentaciones pone en duda el interés real de los accionantes, suponiendo que habría un interés oculto detrás, y además, señala que dichos informes sobre el patrimonio son de naturaleza privada.
El domingo a las 15:30, la Contraloría presentó la apelación a la resolución del juez Rubén Riquelme que ordena a la institución a proveer la declaración jurada de bienes de altos funcionarios públicos.
Entre las argumentaciones, en primer lugar, pone en duda las intensiones de los accionantes Juan Carlos Lezcano y el abogado Ezequiel Santagada, señalando que los mismos invocan su pertenencia al Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), suponiendo que utilizarían dicha información “para provecho particular de corporaciones con intereses sectorizados”. Con este argumento señalan que no poseen legitimación activa.
Según la ley de Acceso a la Información, la Contraloría es una fuente pública que debe proveer información pública (ver infografía) como la solicitada, referente a la divulgación de las declaraciones jurada.
Sin embargo, para el asesor jurídico del ente César Núñez, dicha norma colisiona con el 3, numeral 5, de la ley 5033 sobre Declaraciones Juradas, que señala que los declarantes deben dar “la autorización expresa e irrevocable que faculte a la Contraloría a través de los órganos jurisdiccionales a dar a conocer los datos contenidos en la declaración”.
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