La Contraloría presentó ayer una denuncia penal sobre aparente comisión de hecho punible contra el patrimonio que se habría dado en la Industria Nacional del Cemento (INC), entre 2014 y 2016. El daño contra la estatal rondaría los G. 500 millones, según el dato oficial del ente contralor.
Los técnicos de la Contraloría General de la República (CGR) encontraron un aparente daño de G. 465.273.039 en la cementera estatal, debido a que una firma privada extrajo 206.731 toneladas de piedras de las canteras de INC entre agosto de 2014 y mayo de 2016, durante la administración del expresidente Jorge Méndez Cuevas, sin pagar por esos materiales.
Los hechos se configurarían en “estafa, lesión de confianza, producción de documentos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, sin prejuicio de aquellos hechos punibles de orden ambiental, además de otras conductas punibles y reprochables”, se lee en la denuncia de la CGR ante el Ministerio Público.
Según los documentos, la empresa Benito Roggio e Hijos tenía contrato de explotación de dicha cantera y abonaba un canon por la extracción de piedra, pero esa contratación había fenecido en 2014, razón por la cual la operación que siguió realizando fue de forma irregular y sin pago alguno.
La empresa de referencia extrajo los recursos naturales de la cantera, en la zona denominada “Cerro Morado”, para su posterior procesamiento en la planta trituradora de piedra caliza, instalada también en la planta de la cementera. Pero no solo se cuestiona que la compañía opere con contrato fenecido, sino además, que la deuda no estaba contabilizada en la estatal.
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