La Contraloría General de la República (CGR) recibió el viernes último, según confirmó ayer fuentes de la misma institución, la respuesta de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) sobre la cuestionada cesión del puerto de Concepción a Baden SA, firma relacionada al padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. La CGR comenzará esta semana a analizar el documento.
La CGR había solicitado los estudios técnicos que justifiquen la explotación de la terminal portuaria de Concepción y estudios de mercado, técnicos, de precios, etc., “realizados para garantizar la realización de la negociación o cesión el Puerto de Concepción”.
Así también, solicitó a la ANNP proveer todos los documentos e informes del primer llamado a licitación, que fue declarado declarado desierto pese a que las tres empresas que se habían presentado pasaron la evaluación técnica. Las firmas fueron: Puerto Seguro, CIE-Imperial y el consorcio Salto Aguaray-Mercoplus. También se les consultó los detalles de la segunda convocatoria, que había realizado la institución con muy escasa difusión y a la que sólo se presentó CIE-Imperial, pero bajo el nombre de Baden SA, que fue finalmente adjudicada.
La Contraloría pidió explicaciones a la ANNP sobre la legislación en la que se basaron, pues se apeló a una figura de “Alianza Operacional Estratégica”, obviando la ley de APP o la de concesiones. Desde Puertos, habían dicho que no se podía hacer una concesión “porque no es un servicio público” y que basarse en la ley de APP no se justificaba porque “la inversión mínima prevista era de US$ 3 millones”, mientras que las APP son para proyectos “de US$ 5 millones en adelante”, alegaron. Pero la CGR analizará la legalidad de esa postura.
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