El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrado por los camaristas José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, ratificó la condena impuesta a 5 personas que habían amenazado y exigido el pago de G. 500.000.000 a cambio de no quemar los buses de larga distancia de la empresa La Santaniana. Uno de los inculpados era funcionario de la referida empresa de transporte.
En la causa abierta por los hechos punibles de extorsión agravada, asociación criminal y transgresión del artículo 94 de la Ley de Armas, un Tribunal de Sentencia, sentenció a 15 años de pena carcelaria, a Julián Martínez Melgarejo, quien fuera empleado de la mencionada firma. Así también fueron condenados Rosalina Barúa a 12 años de cárcel, y como cómplices; Feliciano González y Mercedes Barúa González a 8 años, además de Arnaldo Martínez Díaz, a quien se impuso 7 años de pena privativa de libertad.
Las defensas técnicas de los condenados habían presentado un recurso de Apelación contra la Sentencia Definitiva de fecha 25 de agosto del 2017, dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Víctor Hugo Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Ferro Bertolotto. En la causa, representó al Ministerio Público en juicio oral y público, el agente fiscal especializado en Antisecuestro y Antiterrorismo, Federico Delfino.
La denuncia fue presentada en marzo de 2014 por un directivo de la empresa de transporte La Santaniana. En el documento manifestaba que recibió amenazas de personas desconocidas, quienes le exigieron el pago de G. 500.000.000 para no quemar los buses de la empresa. Inmediatamente, los intervinientes fiscales y policiales actuaron conforme a derecho y fueron detenidos los sospechosos en la localidad de General Resquín, el 13 de marzo del 2014. Todos estaban dentro de un rodado de la marca Toyota tipo Vitz, blanco, en cuyo interior se hallaron un fusil 7,62 recortado, con doce cartuchos, seis...
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