Lo que ocurrió en la última sesión de la Junta Municipal demostró que la politiquería paraguaya puede ser bastante cruel: salvo Augusto Wagner (PLRA), que exhibió una lealtad perruna, quienes desde allí han venido avalando el desgobierno del intendente intervenido Óscar “Nenecho” Rodríguez se rasgaron las vestiduras ante la pretensión –formulada ya antes de que se concretara la intervención– de excluir del plan de inversión de los bonos G8 cuatro obras de desagüe pluvial aún no iniciadas y de incluir una que no estaba prevista. Los bonos fueron emitidos en 2022 y generaron una recaudación de 360.000 millones de guaraníes, de los que hoy solo restan 123 millones, que tampoco alcanzarían para solventar la obra propuesta como alternativa.
Concejales quieren despegarse de su responsabilidad en el descalabro municipal
Entre los concejales que de pronto descubrieron que el patético intendente no siempre tiene razón figuran Luis Bello, Mariano Cáceres, Javier Pintos, César “Ceres” Escobar, Nasser Esgaib, Miguel Sosa, Marcelo Centurión, Jesús Lara, Carlos González, Juan José Arnold y Ramón Ortiz, este último “liberal”. Es plausible que se haya rechazado la solicitud, calificada de “inoportuna e improcedente” (Arnold), que sería una “prueba de la improvisación y la ligereza” (Pintos), una “granada sin seguro” (Sosa) y un “atrevimiento (Escobar). Como se dice, “mirá vos”, se les prendió la luz de repente.
Empero, sería excesivo hacer de los ediles convertidos repentinamente a la buena causa una suerte de héroes civiles, solo luego de que el gran jefe haya resuelto echar a los leones a su fiel subordinado. Es que la gran mayoría de la Junta Municipal ha venido confabulándose con Nenecho, ignorando la ley, la moral y el buen sentido. Habiendo aprobado los presupuestos y sus ejecuciones, estos concejales son corresponsables de los desmanes perpetrados, cuya máxima expresión ha sido el grosero escándalo de los 500.000 millones de guaraníes de los bonos.
Más allá de las corruptelas habituales, ese cuerpo colegiado tiene mucho que ver con el descalabro financiero, causado en gran medida por la superpoblación de funcionarios, contratados y jornaleros, que el interventor Carlos Pereira califica de “preocupante”. No son pocos los “operadores políticos” de los concejales que integran el plantel de nada menos que 9.119 asalariados, a los que se suman los 177 que están en comisión en otros organismos. El interventor aún no ha recibido los documentos que indiquen las tareas de cada uno de los funcionarios, pero ya sabe al menos que sus jornadas...
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