Concejales de CDE denuncian a dos jueces y una fiscal por mal desempeño - ADN Paraguayo

Concejales de CDE denuncian a dos jueces y una fiscal por mal desempeño - ADN Paraguayo

Los concejales  opositores de la Junta Municipal de Ciudad del Este denunciaron ayer a dos jueces y una fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Los mismos fueron acusados de mal desempeño en sus funciones. Se trata de los jueces, Silvio Rojas y Carmen Chávez, así como la fiscal  Claide Acosta.  Los abogados …

Los concejales opositores de la Junta Municipal de Ciudad del Este denunciaron ayer a dos jueces y una fiscal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Los mismos fueron acusados de mal desempeño en sus funciones. Se trata de los jueces, Silvio Rojas y Carmen Chávez, así como la fiscal Claide Acosta. Los abogados de los ediles aseguran que los representantes de la Justicia violaron varias leyes. Uno de los magistrados hizo lugar a un amparo promovido por la intendenta Sandra McLeod (ANR) de Zacarías contra los ediles.

CIUDAD DEL ESTE.- “Por mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de obligaciones de forma grave y reiterada”, acusaron al juez Penal de Garantías de Hernandarias, Silvio Rojas. Los ediles Teodoro Mercado (PLRA), María Portillo (PLRA), Celso “Kelembú” Miranda (Indep.), Carlos Barreto (ANR), Lilian González de Aguinagalde (ANR), Miguel Prieto (Indep.), Herminio Corvalán (Tekojoja), y Juan Núñez (ANR), quienes integran la bancada opositora, presentaron ayer la denuncia ante el JEM.

Esto luego de que el juez Rojas emitiera la Sentencia Definitiva n° 61, el martes último, haciendo lugar al amparo promovido por Sandra McLeod, anulando tres sesiones de la Junta Municipal.

Los abogados de la Junta; Leonardo Ayala, Lulio Gamarra y Nicolás Russo, resaltaron en el escrito que Rojas, “solo consideró lo planteado por la intendente, pues la contestación de los concejales fue rechazada de forma absurda, en abierta violación al artículo 88 del Código de Organización Judicial”. Dicho artículo exceptúa en caso de amparo, la obligatoriedad de que una persona jurídica, en este caso la Junta, deba otorgar un poder a un abogado para defenderse. Para rechazar las pruebas de los concejales, el juez argumentó que sus asesores jurídicos no presentaron ningún poder.

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