El concejal municipal de Carmen del Paraná, Daniel Viveros, denunció públicamente que lleva 25 meses sin percibir el pago correspondiente a dietas y gastos de representación, situación que calificó como una «persecución política» por parte de la administración del intendente Germán Gneiting. En relación con la deuda salarial, Viveros manifestó que la administración municipal le informó que existen los recursos para realizar el pago, pero que falta la autorización del jefe comunal para efectivizar los desembolsos. Señaló que su postulación busca impulsar un cambio en la administración local y sostuvo que las denuncias realizadas no responden a su campaña política, sino a una labor de control que, según afirmó, viene desarrollando desde el inicio de su mandato como concejal.
El concejal municipal de Carmen del Paraná, Daniel Viveros, denunció públicamente que lleva 25 meses sin percibir el pago correspondiente a dietas y gastos de representación, situación que calificó como una «persecución política» por parte de la administración del intendente Germán Gneiting.
Durante una entrevista, el edil aseguró que el retraso en los pagos afecta a concejales que integran la oposición y que, según afirmó, los miembros del oficialismo continúan cobrando con normalidad. Viveros sostuvo que la medida sería una represalia por las constantes denuncias e investigaciones impulsadas desde la Junta Municipal sobre presuntas irregularidades en la administración comunal.
El concejal explicó que, junto a otros ediles, desde el inicio de su gestión ha solicitado informes y documentaciones relacionadas con obras públicas y el uso de recursos municipales. Sin embargo, afirmó que esos pedidos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria y que incluso la administración habría argumentado que no contaba con autorización del intendente para entregar los documentos requeridos.
Asimismo, recordó que la Junta Municipal rechazó el balance general correspondiente al ejercicio 2023 y posteriormente promovió un pedido de intervención de la Municipalidad, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República, al Ministerio del Interior y a la Cámara de Diputados. Según indicó, hasta la fecha no hubo avances sobre esa solicitud.
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