Los camaristas de San Lorenzo, Fabriciano Villalba y Sonia Deleón fueron los que revocaron la resolución por la cual la entonces jueza y hoy camarista, Silvana Luraghi, rechazó la pretensión del exrector de la UNA, Froilán Peralta, de cumplir su condena de tres años de cárcel en su casa. La magistrada Lourdes Cardozo votó en […]
Los camaristas de San Lorenzo, Fabriciano Villalba y Sonia Deleón fueron los que revocaron la resolución por la cual la entonces jueza y hoy camarista, Silvana Luraghi, rechazó la pretensión del exrector de la UNA, Froilán Peralta, de cumplir su condena de tres años de cárcel en su casa. La magistrada Lourdes Cardozo votó en disidencia.
Villalba dijo que de acuerdo al texto legal (artículo 239 del Código de Ejecución Penal), segundo párrafo, los requisitos para el arresto domiciliario están supeditados a que el condenado haya sido sancionado a una pena privativa de tres años, siempre que no sea una persona reincidente en la comisión de hechos punibles; además de eso, debe ser mayor de sesenta años. También refiere la norma que el juez penal de ejecución podrá otorgar la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas o con hijos de hasta un año.
“Asimismo, cuando la persona condenada sea padre o madre, consorte o conviviente de un discapacitado. En el caso que nos ocupa, se puede verificar que el señor Froilán Peralta Torres ha sido condenado a una pena privativa de libertad de tres años, no posee otras causas penales abiertas o condenas anteriores y es una persona que al día de hoy tiene sesenta años de edad. Es decir, que la concesión de la prisión domiciliaria es una cuestión facultativa del magistrado, otorgándole cierta discrecionalidad al juzgador a la hora de decidir sobre la viabilidad del pedido de prisión domiciliaria....
El segundo párrafo del artículo 239 del Código de Ejecución, dice: “El juez de Ejecución también podrá adoptar tal medida en casos de condenados a pena privativa de libertad de hasta tres años que no sean reincidentes, si fuesen mayores de sesenta años, mujeres embarazadas o con hijos de hasta un año; y cuando se tratase de los padres, consortes o convivientes de un discapacitado que no pueda valerse por si mismo y se encuentre exclusivamente a su cuidado”.
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