Con dos votos a favor y uno en contra, Tribunal de Cuentas suspende inmunidad de sindicalistas de EBY

Con dos votos a favor y uno en contra, Tribunal de Cuentas suspende inmunidad de sindicalistas de EBY

La inmunidad de más de 700 miembros de sindicatos de Yacyretá, fue suspendida por el voto de dos miembros de un Tribunal de Cuentas. La postura en disidencia, afirma que se tenía que rechazar in limine la demanda que presentó la Procuraduría. En el caso se sometió a consideración del Tribunal la presentación del procurador … Con dos votos a favor y uno en contra, Tribunal de Cuentas suspende inmunidad de sindicalistas de EBY Leer más »

La inmunidad de más de 700 miembros de sindicatos de Yacyretá, fue suspendida por el voto de dos miembros de un Tribunal de Cuentas. La postura en disidencia, afirma que se tenía que rechazar in limine la demanda que presentó la Procuraduría.

“Se trasgredieron los requisitos para la tramitación y homologación de adendas a un contrato colectivo de condiciones de trabajo, por lo que se provocó el yerro de la administración. A sus efectos, el MTESS no verificó la competencia de un órgano colegiado, es decir, si la adenda al contrato fue autorizada por la autoridad con competencia, y, naturalmente, no hizo una fundamentación lógico jurídica acerca de la pretensión. Es sumamente relevante comprender que la entidad es administrada por un órgano colegiado, por lo que en la formación de la adenda y de cualquier otro documento que...

Luego de analizar las exigencias para otorgar la medida cautelar, el magistrado preopinante Gonzalo Sosa, dijo que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y viabilidad de la medida cautelar solicitada.

El doctor Martín Avalos votó por el rechazo in límine lítis de oficio de la acción contenciosa administrativa por no reunir los presupuestos legales inexcusables o inesquivables necesarios para habilitar la instancia contencioso-administrativa; por impugnarse por una supuesta “acción de lesividad” una resolución de alcance general, y por haber sido planteada fuera del plazo legal de caducidad que establece 18 días hábiles para impugnar actos administrativos.

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