LA PAZ. La detención de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, imputada por enriquecimiento ilícito, es interpretada por analistas y opositores como un intento gubernamental por limpiar la imagen del mandatario.
“Una sanción penal contra una persona que probablemente se ha aprovechado de una relación para enriquecerse ilícitamente puede ayudar a que las sospechas que todavía permanecen sobre la palabra del presidente, puedan ser disipadas” , explicó el analista político Gustavo Pedraza a la red televisiva PAT.
Puntualizó que “es un tema que afectó a la figura máxima del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido en el poder). Todos los esfuerzos que va a hacer el MAS a partir de ahora es restaurar esa confianza y levantar cualquier mínima sospecha que haya sobre el presidente” .
Aprehendida el pasado viernes, Zapata pasó la noche en una celda policial a la espera de que el juez cautelar decida continuar su detención preventiva o su puesta en libertad.
En las primeras pericias, Zapata se acogió el derecho al silencio. De acuerdo a la legislación boliviana, la detención preventiva puede extenderse como máximo por 24 horas, periodo dentro del cual debe pronunciarse un juez cautelar.
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