Un factor fundamental para la democracia plena es la existencia de una comunicación clara y precisa entre el poder y la ciudadanía. La comunicación profesional e inteligible desde las autoridades crea confianza en el público. Esto no lo han comprendido los gobiernos desde 1989, salvo en algunos casos, y de ahí ha habido serios conflictos políticos y sociales.
Años atrás afirmaba un presidente de la República que tenía cientos de jefes de prensa distribuidos en distintas dependencia, que no comunicaban, en realidad. “Sólo quieren buenas oficinas, vehículos, teléfonos de alta gama, salarios altos, y lo que hacen es escribir una o dos gacetillas por día”, confesó el hombre.
Pero el problema no es solo de esos jefes. Es del concepto general que tienen las autoridades respecto a la comunicación. Piensan que cuanto menos comunican menos problemas tendrán. En comunicación corporativa y gubernamental existe una razón de hierro: “La realidad no existe, sólo existe la percepción del público”. Y la percepción del público se crea con comunicación clara.
Por la pauperización del sistema educativo, el funcionariado no tiene un lenguaje rico, precisamente. Lenguaje pobre es igual a comunicación deficiente.
Los informes y comunicados oficiales exhiben, en mayoría, insuficiencias lingüísticas, a lo que se suma la insolvencia gramatical, ortográfica y sintáctica. Muchos funcionarios siguen creyendo que la importancia de una comunicación oficial está dada por lo farragoso del lenguaje, la exagerada extensión del documento y la inútil ampulosidad del vocabulario.
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