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El uso de figuras penales contra dirigentes opositores por un acto simbólico en homenaje a Rodrigo Quintana revive los ecos autoritarios de la dictadura stronista.
La represión del acto simbólico en homenaje a Rodrigo Quintana y la posterior denuncia penal contra dirigentes opositores han reavivado en el país el recuerdo de la Ley 209 de la dictadura stronista, una norma utilizada por el régimen de Alfredo Stroessner para perseguir y criminalizar a todo aquel que se opusiera al poder.
En el caso actual, la Policía Nacional impidió un acto pacífico frente al Palacio de Justicia, realizado por referentes del Partido Liberal y del Partido Democrático Progresista. Lo que debía ser una manifestación simbólica por los seis años del asesinato de Quintana —joven dirigente liberal asesinado por un agente policial durante el gobierno de Horacio Cartes— terminó con empujones, vallados y denuncias por parte de las fuerzas del orden.
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, abrió de forma expedita una causa penal por “perturbación de la paz pública” y “resistencia”, designando a la fiscala Irma Llano como responsable del caso. Los denunciados son el senador Rafael Filizzola, los exsenadores Luis Alberto Wagner y Desirée Masi, entre otros.
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