Tienen por objetivo informarse de asuntos de interés público para estudiar el nivel de cumplimiento de las leyes vigentes, los proyectos de ley en tratamiento, y la necesidad de nuevas iniciativas legislativas.
Inherente a esta tarea de inteligencia legislativa, es el poder de compeler testimonios personales y la entrega de documentos: 1) subpoena ad testificandum (Art. 4, Ley 137/93); y 2) subpoena duces tecum (Art. 6, Ley 137/93). Etimológicamente, “subpoena” significa “bajo pena”. “Duces tecum”, significa “tú traerás contigo”.
En la convención nacional constituyente de 1967, Carlos Alberto González explicó los alcances de la institución al defender su recepción en el derecho positivo a través del art. 167 de la Constitución que precede a la vigente:
“Entendemos que esta facultad de nombrar comisiones investigadoras hace a la función misma del Parlamento; debemos tener en cuenta que al Parlamento le estamos atribuyendo la función no solamente de dictar leyes, códigos y otras normas legales, sino también la atribución de velar por el cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional. La atribución que corresponde al Congreso de dictar leyes no se limita o no termina, en consecuencia, una vez que esa ley haya sido promulgada. El Congreso debe ser un celoso custodio de que las leyes se cumplan y dentro del espíritu que existe en el...
El poder de compeler la presencia de personas, y la entrega de documentos, desde el parlamento británico, las asambleas legislativas colonias norteamericana, y la Constitución de 1789, se considera parte del privilegio parlamentario. El miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, escribió: “Somos de la opinión de que el poder de investigación -con el proceso de exigirlo- es un auxiliar esencial y apropiado a la función legislativa. Fue así considerada y empleada por las asambleas legislativas antes de que la Constitución fuese aprobada y ratificada”, (McGrain v. Daugherty, 1927).
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