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Organizaciones como el CEJ, Colab Abogados y Semillas para la Democracia critican las acciones inconstitucionales de la “comisión garrote” para acceder a datos privados.
Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) paraguayas han alzado su voz en protesta contra las acciones de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida coloquialmente como “comisión garrote”. Estas entidades acusan a la comisión de violar derechos constitucionales al intentar acceder a información privada protegida por la Carta Magna.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Colab Abogados y Semillas para la Democracia se encuentran entre las organizaciones que han criticado abiertamente el proceder de la CBI. Estas entidades argumentan que la comisión está sobrepasando sus límites legales y constitucionales en su afán por obtener datos confidenciales.
María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, ha sido una de las voces más prominentes en esta controversia. Rivas reconoce la legalidad de la comisión según lo establecido en la Constitución Nacional, pero enfatiza que la misma Carta Magna impone límites claros a las acciones de este grupo de legisladores.
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