La reciente aprobación de la rendición de cuentas del intendente de Minga Porã, Clementino Portillo, por parte de una mayoría de concejales municipales, ha puesto en evidencia un grave déficit de transparencia y honestidad en la administración de este distrito. A pesar de múltiples denuncias de irregularidades y sospechas de corrupción, los ediles decidieron ignorar […]
La reciente aprobación de la rendición de cuentas del intendente de Minga Porã, Clementino Portillo, por parte de una mayoría de concejales municipales, ha puesto en evidencia un grave déficit de transparencia y honestidad en la administración de este distrito. A pesar de múltiples denuncias de irregularidades y sospechas de corrupción, los ediles decidieron ignorar las serias acusaciones y aprobar el documento «a ciegas». Este acto no solo socava la confianza pública, sino que también compromete la integridad del gobierno local.
El concejal opositor Miguel Morán expuso diversas irregularidades en la ejecución presupuestaria presentada por Portillo. Entre las más preocupantes se encuentra el desembolso de 35 millones de guaraníes para la reparación del pórtico de acceso a Minga Porã, apenas un año después de haber destinado 188 millones de guaraníes para su renovación total. Este patrón de gastos inexplicables y no aprobados por la corporación legislativa sugiere un manejo opaco y posiblemente corrupto de los fondos públicos.
Adicionalmente, Morán denunció la falta de cumplimiento de especificaciones técnicas en la construcción de empedrados, la adjudicación directa de contratos sin la aprobación del concejo y atrasos injustificados en la ejecución de obras, como el cercado perimetral del Arroyo Guasu. Estos ejemplos de mala administración y posible malversación de fondos son alarmantes y requieren una investigación exhaustiva y transparente.
Es inaceptable que los concejales municipales, quienes deberían actuar como contralores del intendente, se conviertan en cómplices y apañadores de posibles irregularidades. Su deber es garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente, y no para proteger intereses particulares o encubrir actos de corrupción. La defensa férrea y agresiva de la gestión de Portillo por parte de algunos ediles, como Roberto Rolón, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas planteadas, solo refuerza la percepción de complicidad y falta de ética en la administración municipal.
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