Mientras el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y la cúpula de la Policía empeñaban todos sus esfuerzos para conseguir el asenso del comandante Gregorio Walter Vázquez y de sus principales colaboradores, la criminalidad comenzó a ganar terreno en Asunción y ciudades aledañas. Para las autoridades nacionales fue mucho más importante que unos pocos policías sean promovidos a un rango superior que la seguridad de los ciudadanos, que votaron por ellos.
Motochorros y peajeros generaron luto y desgracia en la población más desprotegida, esa que se levanta de madrugada para ir a su lugar de trabajo y regresa ya entrada la noche a la casa. Ni la muerte a tiros de un padre tratando de defender a su hijo en el barrio Kennedy de Capiatá, o el alevoso asesinato de un joven con el solo propósito de arrebatarle una moto fueron suficientes para que los organismos de seguridad buscasen estrategias para paliar la inseguridad reinante.
Pero cuando un grupo de criminales organizados comenzó a asestar fuertes golpes a las bocas de cobranzas de los distintos bancos instalados en los supermercados de la capital y el departamento Central, rápidamente el mismo ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor se reunió con los empresarios propietarios de estos comercios aglutinados en la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y dispuso que 400 efectivos de la Policía sean destinados para el resguardo de las bocas de cobranzas desde la primera quincena del mes de abril pasado.
En la práctica, ¿qué significa esta resolución ministerial? Que 400 uniformados serán sacados de las comisarías para resguardar el dinero de los bancos dejando más desguarnecida la seguridad del ciudadano común. En un principio indicaron que iban a destinar agentes de las diferentes agrupaciones para este servicio, pero al final cada comisaría debe distraer tres efectivos para cubrir cada una de las bocas de cobranzas instaladas en su jurisdicción. Esto realmente es vergonzoso y humillante, proteger el dinero de las entidades privadas con uniformados pagados por el pueblo y a expensas de la...
Sin ánimo de ser populista, pero ¿qué autoridad se toma la molestia de interiorizarse y asistir a las víctimas de la inseguridad, cuando estos son simples trabajadores? En la tarde del Miércoles Santo, la enfermera Lidia Aranda de Acosta (42) fue baleada por dos motochorros en un fallido asalto callejero en Itapuamí, Luque. La profesional, madre de dos hijos, regresaba caminando a su casa tras entregar su guardia en el Hospital Distrital de la ciudad y cuando ya casi arribaba a su destino fue interceptada por los maleantes.
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