Hacía tiempo, desde que cayó la dictadura de Augusto Pinochet –principio de los 90 para ser más precisos–, que no veíamos a Chile tan convulsionada, y en coincidencia con una serie de manifestaciones con reclamos de cambios sociales en una Sudamérica bajo dominio conservador.
El activismo estudiantil chileno nos tenía acostumbrados a movilizaciones frecuentes, pero en un sector clave de la sociedad. Sin embargo, el estallido social que se produjo hace más de ocho días mostró el hartazgo de una mayoría silenciosa que padecía injusticias como consecuencia de las desigualdades en la distribución de la riqueza, esas que les impedían alcanzar un bienestar acorde con la política enfocada en la macroeconomía de su país.
Próspera y admirable. Chile parecía la excepción de la región. Y qué ironía, ahora está bajo toque de queda y en emergencia, luego de que el presidente chileno, Sebastián Piñera, lo calificara de “oasis”.
La suba del costo del boleto del metro (un sistema de transporte público que funciona en la capital, Santiago) encendió la mecha.
En el marco de las protestas murieron unas 20 personas. Hubo desmanes, incendiaron edificios. Toda violencia es injustificable. Pero esas llamaradas callajeras sirvieron para verle el rostro a una sociedad descontenta que pedía mejores salarios, jubilaciones dignas y precios justos por los servicios básicos.
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