El presupuesto general de la Nación (PGN), una vez vigente, debe ser cumplido sin interponer excusa alguna por parte de sus ejecutores competentes. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo se lleva a la práctica un PGN que ha sido artificialmente inflado por los políticos en medio de una campaña electoral que recién empieza […]
El presupuesto general de la Nación (PGN), una vez vigente, debe ser cumplido sin interponer excusa alguna por parte de sus ejecutores competentes. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo se lleva a la práctica un PGN que ha sido artificialmente inflado por los políticos en medio de una campaña electoral que recién empieza en su capítulo de internas partidarias, para luego sumergirse en las generales?
Esta mala praxis legislativa se repite año tras año, y es la papa caliente que recibe el poder encargado de la administración de los asuntos de Estado.
Un servidor público medianamente capacitado y con voluntad de llevar a cabo lo mejor posible sus funciones se encuentra todos los años frente al mismo interrogante: ¿Cómo se cumple un ítem presupuestario si no hay manera de imputar el gasto porque la casilla de recursos está vacía?
La salida más habitual, en estos casos, es atrasar el pago de salarios o aumentar el endeudamiento con proveedores de bienes y servicios. Si es una obra, dejarla en el freezer. El resultado es una administración pública llena de deficiencias y con acumulación de deuda y con un resultado inevitable: un creciente mal humor en el personal de las oficinas afectadas.
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