La semana pasada estalló el escándalo de que las firmas deben entregar el 30% del dinero que corresponde cobrar, caso contrario, se les retienen las facturas. En la conversación, ambos hablan sobre lo que desde hace bastante tiempo de venía manejando como un secreto a voces: de que las firmas deben entregar el 30% del dinero que les corresponde cobrar por los servicios prestados o provisiones, caso contrario se les retienen las facturas. En la conversación, ambos interlocutores hacen referencia a una mujer, que sería María Inés Brunelli de Gómez, jefa de Servicioa Generales, severamente cuestionada durante su paso por la fundación Tesãi, y con una notoria habilidad para acomodarse en los círculos de poder, que ya pasó por todas las carpas: exnicanorista, excalesista y, ahora, cartista.
La Itaipu informó ayer que se inició el sumario administrativo con la designación de un juez instructor a raíz de la denuncia de chantaje a proveedores de la binacional. La semana pasada estalló el escándalo de que las firmas deben entregar el 30% del dinero que corresponde cobrar, caso contrario, se les retienen las facturas. El dinero recaudado sería destinado a la campaña del candidato del cartismo, Santiago Peña.
Los directivos de la Itaipu resolvieron iniciar un sumario administrativo.
Por determinación del director jurídico ejecutivo, se designó como juez instructor al Dr. César Alfonso, abogado externo, quien procedió a recibir las primeras declaraciones sobre el caso. Igualmente, se ha solicitado informaciones, por escrito, a todas las áreas internas involucradas en el proceso de pagos de facturas, como así también la colaboración de las empresas contratistas para esclarecer los hechos de público conocimiento en la brevedad posible, deslindar responsabilidades y, en el caso, sancionar a los responsables y adoptar las acciones judiciales que correspondan.
El caso saltó a la luz luego de que se haya filtrado el audio de una conversación entre un funcionario de la Itaipu que sería Pedro Fiore y el administrador de la empresa de limpieza MD SRL, de nombre Marco Ortiz. La firma MD, que pertenece al cuestionado exjuez Manuel Trinidad y precandidato a la diputación por el llanismo, tiene contratos que rondan los 2 millones de dólares con la institución, según reportes.
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