La ex presidenta argentina, líder peronista de centroizquierda y figura central de la política de su país de los últimos 20 años, Cristina Fernández Kirchner (CFK), ha pasado a engrosar la lista de negra de mandatarios latinoamericanos investigados o condenados por la Justicia. CAUSA VIALIDAD A ellos se sumó la viuda del ex presidente Néstor Kirchner, quien desde el miércoles último cumple una sentencia de seis años de prisión (aunque le fue concedida la domiciliaria) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un caso de corrupción en la denominada “causa Vialidad”. En la etapa de investigación del caso, la Justicia determinó que cerca del 85% de los contratos viales de Santa Cruz fue adjudicado a Báez, amigo personal de Néstor Kirchner. Esas circunstancias llevaron a la conclusión de que la adjudicación de las obras viales a Báez implicó una decisión presidencial que “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares” de los Kirchner.
La ex presidenta argentina, líder peronista de centroizquierda y figura central de la política de su país de los últimos 20 años, Cristina Fernández Kirchner (CFK), ha pasado a engrosar la lista de negra de mandatarios latinoamericanos investigados o condenados por la Justicia.
Alberto Fujimori (Perú), Rafael Correa (Ecuador), Juan Orlando Hernández (Honduras), Álvaro Uribe (Colombia) Ricardo Martinelli (Panamá), Alejandro Toledo (Perú), Antonio Saca (El Salvador) Jair Bolsonaro y Lula da Silva (Brasil), son solo algunos de los líderes de la región tuvieron o tienen problemas por causas que van desde el lavado de dinero, pasando intentos de golpe de estado hasta crímenes de lesa humanidad.
A ellos se sumó la viuda del ex presidente Néstor Kirchner, quien desde el miércoles último cumple una sentencia de seis años de prisión (aunque le fue concedida la domiciliaria) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un caso de corrupción en la denominada “causa Vialidad”.
Fue condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo del Tribunal Supremo , de 27 páginas, afirma que las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la “profusa prueba producida”.
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