El oficio, firmado por la fiscal de la unidad Nº 8 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, fue remitido el 28 de febrero pasado al Abog. Aunque en el acuerdo firmado entre el Ministerio y la Comuna existía una cláusula que prohibía vender el inmueble, el actual intendente, Alejandro Tati Urbieta lo negoció con la empresa TLP S.A.
El oficio, firmado por la fiscal de la unidad Nº 8 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, fue remitido el 28 de febrero pasado al Abog. Sergio Coscia Nogués, Procurador General del Estado. En la nota, Portillo solicita un dictamen, a los efectos de determinar si el inmueble conocido como Puerto Municipal o Puerto Nanawa es considerado bien de dominio público o privado municipal.
Por otra parte, en el mismo escrito la fiscal pide al Procurador un informe pormenorizado sobre las diligencias preparatorias, que recientemente la Procuradoría inició, con miras a recuperar el mencionado inmueble a favor del Ministerio de Defensa.
La diligencia, según se menciona en el mismo oficio, es en el marco de la causa caratulada “Personas Innominadas s/ Lesión de Confianza”, abierta en base a una denuncia realizada el año pasado en Concepción. La investigación estuvo en principio a cargo de la fiscal de Concepción, Sonia Sanguinés y posteriormente, todos los antecedentes fueron remitidos a la Unidad Especializada.
El terreno en cuestión es un predio de 6.2 hectáreas, ubicado en el extremo sur de la ciudad de Concepción, que la Municipalidad obtuvo en el año 2012, a través de una permuta con el Ministerio de Defensa. Aunque en el acuerdo firmado entre el Ministerio y la Comuna existía una cláusula que prohibía vender el inmueble, el actual intendente, Alejandro Tati Urbieta lo negoció con la empresa TLP S.A. en el año 2017.
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