Caso Ueno impulsa nuevas restricciones para evitar negocios entre el poder y el sector privado

Caso Ueno impulsa nuevas restricciones para evitar negocios entre el poder y el sector privado

El senador liberal Ever Villalba presentó una propuesta legislativa para impedir que exautoridades y funcionarios aprovechen sus vínculos con el Estado en beneficio de empresas privadas. La iniciativa establece restricciones de hasta dos años después de abandonar un cargo público, controles sobre posibles conflictos de intereses y sanciones para quienes incumplan las disposiciones. El planteamiento surge en medio de las repercusiones políticas y financieras del escándalo de Ueno Bank.

La crisis provocada por el caso Ueno Bank continúa generando iniciativas legislativas destinadas a reforzar los controles sobre las relaciones entre funcionarios públicos y empresas privadas. El senador Ever Villalba, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó un proyecto que pretende establecer nuevas barreras legales contra las denominadas "puertas giratorias", mecanismo mediante el cual autoridades pasan del sector estatal al empresarial, o viceversa, con posibles conflictos de intereses.

La propuesta apunta especialmente a quienes, después de desempeñar funciones de regulación, supervisión o administración de recursos públicos, se incorporan a compañías relacionadas con las decisiones que anteriormente estaban bajo su responsabilidad.

Entre sus principales disposiciones figura la implementación de un periodo obligatorio de restricción posterior al abandono de la función pública. Para las máximas autoridades, incluidos presidentes, vicepresidentes y ministros, el plazo previsto alcanza los 24 meses. En el caso de directores, superintendentes, miembros de consejos de administración y funcionarios con atribuciones decisorias, se establece un periodo de 18 meses, mientras que para los demás funcionarios comprendidos en la normativa será de 12 meses.

Durante esos plazos, los exfuncionarios no podrán asumir funciones directivas, prestar asesoramiento, representar intereses empresariales ni mantener participaciones de control en compañías relacionadas con asuntos sobre los cuales hayan intervenido directamente mientras ejercían sus cargos públicos.

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