La contradicción más clara surge cuando la fiscal admite que, tras inspeccionar tres locales y entrevistar a unas 80 personas,
La contradicción más clara surge cuando la fiscal admite que, tras inspeccionar tres locales y entrevistar a unas 80 personas, “hasta el momento nadie es víctima de trata”. A pesar de haber movilizado recursos policiales y técnicos bajo la sospecha de explotación laboral, Sánchez reconoció abiertamente: “Hasta ahora yo no hablé de que hemos corroborado la existencia de un hecho de trata de personas”.
Esta declaración choca frontalmente con la naturaleza de un allanamiento simultáneo. ¿Cómo se justifica un operativo de tal magnitud si, tras realizarlo, la fiscalía confiesa no tener elementos para sostener la sospecha inicial?
La fiscalía parece estar confundiendo la precariedad administrativa con el crimen organizado. Sánchez señaló como “irregularidad” que los usuarios de la fundación fabriquen y vendan pan sin recibir remuneración.
Sin embargo, cuando se le consultó sobre la diferencia entre terapia ocupacional (común en centros de ayuda) y explotación, la fiscal admitió que no cuentan con el programa de rehabilitación de la fundación para hacer la comparación, pero que aun así procedieron a la intervención.
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