Con los votos de 27 diputados colorados cartistas y con 10 ausentes, el fiscal general “con permiso” Javier Díaz Verón se salvó ayer del juicio político por mal desempeño de funciones, usurpación de cargo y persecución a inocentes, entre otras acusaciones. Oficialistas adujeron que era una “jugada” política de la oposición. La línea a seguir fue del Ejecutivo, según algunas fuentes.
Antes del inicio de la sesión ordinaria, la bancada colorada “A” (cartista) se reunió en la oficina del presidente de Diputados Pedro Alliana y en esa oportunidad se reveló la línea política que bajaba directamente del Ejecutivo, disponiendo evitar el juicio político del fiscal general Javier Díaz Verón. Algunos legisladores oficialistas tenían la expectativa de que se liberarían los votos, con lo cual habría al menos algunas abstenciones. Sin embargo, la orden fue votar en bloque, sin fisuras, lo cual cumplieron todos, pese a que algunos no estaban de acuerdo, según trascendió.
Solamente Clemente Barrios, líder de la bancada cartista, y Bernardo Villalba, presidente de la Comisión de Legislación, argumentaron la postura del oficialismo de rechazo al juicio. No pasó desapercibido el silencio de Ramón Romero Roa, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien siempre fundamenta en las cuestiones vinculadas a juicio político.
Barrios fundamentó el rechazo, señalando que respondía a intereses del PLRA para presionar a la Fiscalía igual que lo hacen con la Corte, según dijo. También afirmó que el fiscal Díaz Verón ya no cumple funciones por haber pedido “permiso”, además de que feneció en su mandato (en noviembre de 2016), por lo cual no cabía enjuiciarlo. Reclamó que el Senado debe pronunciarse sobre la candidata del Ejecutivo a fiscal general Sandra Quiñónez para dar una salida institucional.
Por su parte, el diputado Villalba cuestionó que en el pedido de juicio político aluda como motivos lo revelado en los audios “obtenidos ilegalmente”, sin orden judicial y que no tienen ningún valor para un juicio. Sin embargo, no mencionó que la bancada de Colorado Añetete presentó otro proyecto de libelo acusatorio que no mencionaba los audios como causales.
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