Para los cartistas no fueron suficientes los argumentos en contra del fiscal general del Estado, como el hecho de haber ubicado a varias decenas de parientes y amigos en la función pública, el haber impedido el control a su gestión por parte de la Contraloría General de la República, haber usurpado el cargo pese a tener mandato fenecido, entre otros.
Gracias a la complicidad de la bancada cartista en la Cámara de Diputados, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se salvó del juicio político por usurpación del cargo, mal desempeño en sus funciones, persecución de inocentes, entre otros.
Luego de un cuarto intermedio para consensuar las cuatro acusaciones en un solo libelo acusatorio, se dispuso la votación, en la que no se lograron los 47 votos necesarios para aprobar el juicio político.
Con 43 votos a favor del juicio político y 27 en contra, con un total de 70 presentes, fue decisiva la postura de rechazo del cartismo que terminó salvando al fiscal general del Estado.
Los diputados cartistas Bernardo Villalba y Clemente Barrios fueron los principales defensores de Díaz Verón que se otorgó a sí mismo un “permiso” para apartarse temporalmente del cargo.
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