PEKÍN (EFE). Autoridades de China legalizaron el uso de centros “para educar y transformar a la gente influenciada por el extremismo” religioso, en los que organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que hay un millón de musulmanes detenidos.
Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, el Gobierno de Xi Jinping emprendió una agresiva campaña con detenciones arbitrarias y adoctrinamiento político contra musulmanes, que sufren “lavado de cerebro”, torturas y muertes bajo custodia, según Amnistía Internacional.
Ante la ONU, China había desmentido la existencia de estos campos que albergan a uigures y otras minorías de confesión musulmana.
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