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La renegociación de los términos del Tratado de Itaipú se debería enfocar, por parte de nuestro país, como palanca esencial para impulsar el cambio de modelo económico que sugieren los organismos internacionales como el caso del Banco Mundial.
El diagnóstico es muy claro y revelador: o el Paraguay invierte más en infraestructura y capital humano, o queda relegado por muchos años para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad creciente dentro de su escasa población actual de 7 millones y medio de habitantes.
Pero la estrategia que sugieren básicamente los especialistas del ente financiero mundial tiene una característica que no se puede aplicar muy fácilmente, como es la gestión adecuada de la “gobernanza”, es decir, la decisión política de lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, unida a una barrida definitiva que se debe dar de los políticos metidos en compromisos “non santos” con el narcotráfico, el lavado de dinero y los distintos tráficos que a su vez alimentan hasta al financiamiento del terrorismo.
A nadie escapa que la receta aparentemente aséptica de los tecnócratas internacionales implicará el combate a la economía “negra” o informal, que mueve a casi la mitad de la economía paraguaya. La formalización económica, tan necesaria para el cambio de un modelo basado en los tráficos y en el contrabando, tendrá que tener un correlato compensador en mayores ingresos para el fisco, que no precisamente podrán provenir del sustancial incremento en las tasas de los impuestos, en una primera etapa.
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