El Tribunal de Apelación deberá pronunciarse respecto a si confirma la decisión de elevar a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato contra la exjueza Tania Irún, acusada de transferir ilegalmente 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. Dichas tierras, valoradas en 500 millones de dólares, habrían sido cedidas a empresas de maletín bajo el concepto de cobro de un supuesto préstamo de 15 millones de dólares._
El Tribunal de Apelación deberá pronunciarse respecto a si confirma la decisión de elevar a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato contra la exjueza Tania Irún, acusada de transferir ilegalmente 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. Dichas tierras, valoradas en 500 millones de dólares, habrían sido cedidas a empresas de maletín bajo el concepto de cobro de un supuesto préstamo de 15 millones de dólares._ El Tribunal de Apelación, conformado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, debe decidir si...
La defensa de Irún apeló la resolución del juez López, quien decidió avanzar hacia el juicio oral al considerar que había suficientes pruebas y una acusación firme por parte de la Fiscalía General. Si el tribunal de Apelación ratifica la decisión, se sorteará el tribunal de Sentencia que llevará adelante el juicio, donde se presentarán todas las evidencias contra la exjueza. Asimismo, se fijará la fecha para la audiencia oral.
En julio pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca presentó formalmente la acusación contra Tania Irún, solicitando la apertura de un juicio oral y público. La exjueza enfrenta un proceso por prevaricato, tras haber ordenado que la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial transfiriera alrededor de 310 mil hectáreas de tierras en el departamento de Alto Paraguay a empresas que, de acuerdo con la Fiscalía, serían ficticias o de maletín.
Machuca destacó en la acusación que Irún habría actuado en contra de lo establecido en la Ley N° 2532 que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. En su sentencia, la exjueza solo hizo referencia al cumplimiento del artículo 2° de dicha norma, relacionado con la nacionalidad de las personas que reclamaban las tierras, señalando que no eran originarias de países vecinos. No obstante, la acusación sostiene que no existe documentación en el expediente que avale dichas afirmaciones.
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