El contralor general de la República, Enrique García, recusó a la jueza penal de garantías N° 2, Lici Teresita Sánchez, a fines de marzo. Es porque la magistrada solicitó su desafuero y luego admitió la imputación por uso de documentos no auténticos, derivado de la falta de apelación de un fallo arbitral donde la Municipalidad de Asunción fue condenada a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.
Además de García, también han sido procesados por el caso Rodolfo Duarte, auxiliar de asesoría jurídica de la Comuna capitalina, y el abogado Julio González, jefe de archivo.
El estudio de la recusación está a cargo del Tribunal de Apelación primera sala, integrado por Pedro Mayor, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander.
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