El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Segunda Sala, confirmó la resolución del juez penal de Garantías Especializado, Primer Turno, Humberto Otazú, quien tuvo por presentada la acusación contra la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán, por administración en provecho propio y otros delitos. La defensa de Corvalán, encabezada por la […]
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Segunda Sala, confirmó la resolución del juez penal de Garantías Especializado, Primer Turno, Humberto Otazú, quien tuvo por presentada la acusación contra la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán, por administración en provecho propio y otros delitos.
La defensa de Corvalán, encabezada por la abogada Alba Meiner de Morínigo, había interpuesto un recurso de apelación en subsidio contra la resolución judicial, argumentando que la acusación fue presentada fuera de tiempo y forma, además de cuestionar la legitimidad del agente fiscal interviniente, Silvio Corbeta Dinamarca. No obstante, el Tribunal de Apelación resolvió rechazar la apelación y confirmar la citación a preliminar, al considerar que la presentación del requerimiento acusatorio fue válida y que la recusación del fiscal no prosperó dentro del marco legal.
Según el expediente judicial, la acusación sostiene que la intendenta Corvalán y otras personas habrían incurrido en administración en provecho propio, hecho punible previsto en la Ley N.º 2523/04, además de lavado de dinero y asociación criminal, lo que refuerza la gravedad del proceso.
En su defensa, Corvalán sostiene que el proceso en su contra es «gravoso e injuriante», alegando que se vulneró su derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia debido a irregularidades en la presentación de la acusación. No obstante, el Tribunal consideró que la audiencia preliminar es el espacio idóneo para debatir estos argumentos.
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