El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Capital; confirmó la resolución de la jueza Cynthia Lovera, que sancionó al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Espínola, y lo declaró “litigante de mala fe” en uno de los procesos que afronta por presunta estafa y otros hechos, a través […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala de la Capital; confirmó la resolución de la jueza Cynthia Lovera, que sancionó al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Espínola, y lo declaró “litigante de mala fe” en uno de los procesos que afronta por presunta estafa y otros hechos, a través de Mocipar.
Previamente, se expone parte de la apelación del abogado Oscar Tuma a la sanción disciplinaria, en el sentido de que la magistrada ha cometido un error de interpretación, “es importante subrayar que el derecho a la recusación no está condicionado a un momento específico del proceso, sino que debe ser ejercido cuando surgen motivos fundados que lo justifiquen. En este caso, la proximidad de la audiencia preliminar y la reiteración de las declaraciones comprometedoras por parte de los fiscales motivaron a mi defendido a actuar en defensa de su derecho a un juicio justo.
Para la defensa, no existe mala fe, “ni evidencia que respalde la afirmación de que mi defendido actuó con mala fe. Por el contrario, Durand Espinola ha cumplido cabalmente con todas sus obligaciones procesales a lo largo del proceso y ha mostrado una disposición constante a colaborar con la justicia. Su comportamiento ha sido el de un ciudadano comprometido con el proceso legal, respondiendo a las citaciones judiciales y participando activamente en su defensa, sin intentar en ningún momento evadir sus responsabilidades procesales”.
La alzada avaló de manera unánime lo dispuesto por la instancia inferior a partir de lo dispuesto en el artículo 113 del CPP respecto a la Facultades Disciplinarias del Juez Penal, PODER DE DISCIPLINA. Los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán, bajo pretexto de incurrir en faltas disciplinarias, restringir el derecho de la defensa o limitar las facultades de las partes. En todo lo demás serán aplicables a la naturaleza del procedimiento penal, las normas previstas en el Código Procesal Civil…” (Sic).-
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