Para los fiscales Vladimir Aras (Brasil) y Alonso Peña (Perú), partícipes de la Operación Lava Jato –la “cruzada” anticorrupción que se convirtió en la peor pesadilla de los poderosos de América Latina–, investigar y sancionar la corrupción es un deber para las autoridades y la garantía de un futuro mejor para todos. Afirman que la investigación está abierta y continuará, caiga quien caiga.
–Esta es una investigación que ya lleva años, ¿hay un límite de tiempo para su conclusión?
Vladimir Aras (VA): –Para la investigación no, es difícil decir, esta pregunta siempre hacen a los fiscales del caso, no solamente al exfiscal general brasileño y que dejó el mandato hace dos semanas, pero también a los fiscales que siguen trabajando con ese caso en cuatro ciudades: en Brasilia, Curitiba, San Pablo y ahora también en Río de Janeiro.
Siempre se pregunta hasta cuándo se va a investigar, es difícil decir porque la cantidad de crímenes que fueron cometidos durante más de una década, seguramente estos crímenes vuelven en el tiempo a dos décadas, algunos de los cuales ya están prescriptos, pero es una investigación compleja y la cantidad de hechos bajo investigación es muy grande. A cada momento en que se estira un hilo surge una nueva historia, como por ejemplo ahora recientemente en Río de Janeiro, la parte de Lava Jato que fue a Río de Janeiro buscaba inicialmente actos de corrupción del entonces gobernador Sergio Cabral,...
VA: –Es difícil cuantificar de memoria cuánto dinero se recuperó de hecho internamente en el Brasil, pero yo diría que estamos en el orden de los billones de reales, en función de la actuación del Ministerio Público y del fisco (de la Receita Federal brasileña) en relación a las actuaciones penales y las actuaciones no penales, porque en el Brasil –es importante que se sepa– el MP actúa en la lucha contra la corrupción tanto en los aspectos penal, criminal, como en el aspecto civil, que llamamos improbidad administrativa.
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