En Costa Rica, el decomiso de bienes de narcotraficantes resulta ser más un pasivo que un activo para las autoridades.
Un gran número de procesos administrativos deben darse antes de que los vehículos de alta gama, las mansiones extravagantes y otros bienes costosos incautados a criminales puedan ser vendidos. Los problemas legales van desde bienes que están a nombre de personas que aún se encuentran en juicio, hasta bienes de narcos fallecidos cuyos herederos deben competir por los títulos de propiedad. Se estima que el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) gasta alrededor de $3.4 millones anuales en el mantenimiento de estos bienes.
Esto también incluye el mantenimiento de portafolios enteros de propiedades incautadas en grandes operativos. En mayo de 2021, en medio de una operación contra un grupo narco, las autoridades incautaron alrededor de 80 propiedades que posteriormente quedaron bajo el cuidado del ICD.
A medida que el flujo de cocaína a través de Costa Rica aumenta, y los actores criminales en el país se sofistican, la carga para el ICD puede aumentar rápidamente.
En una entrevista con el diario costarricence La Nación, el director del ICD, Sergio Rodríguez Rodríguez, explicó el alcance de los obstáculos que enfrenta el Instituto.
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