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Como ya se esperaba, la fiscal Cinthia Leiva Cardozo ignoró olímpicamente pruebas incriminatorias para pedir el sobreseimiento definitivo de Alcides Fernández (ANR), exintendente franqueño. El cuestionado dirigente político está denunciado por supuesto desfalco de G. 7.000 millones de la Municipalidad de Presidente Franco durante su gestión como intendente. La misma fiscal solicitó al juzgado el juzgamiento público del exintendente Abrahan Alegre (ANR).
El pedido de sobreseimiento no sorprende porque los fiscales de nuestra zona no están para defender los intereses ciudadanos. Los agentes del Ministerio Público, antes que ejercer la representación de la ciudadanía, constituyen un verdadero peligro para la sociedad y para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Lo venimos sosteniendo desde hace tiempo y nos reafirmamos, en que la Fiscalía regional, encabezada por Alejo Vera, se convirtió en una verdadera cueva de hampones, que están más para cuidar los intereses de los delincuentes públicos, de los traficantes, contrabandistas y para perseguir a inocentes. Estamos habituados a ver cómo los fiscales del Alto Paraná cumplen al pie de la letra las órdenes de los políticos o más bien de un sector político y más precisamente de una familia dominante en la región.
Son estos sinvergüenzas que cobran un salario del Estado, los que mantienen la impunidad de innumerables puertos clandestinos por donde opera la mafia de la zona y por donde se trafica todo tipo de productos ilícitos. Ellos lo saben y se encargan de brindar protección. Cuando Alejo Vera llegó a la región lo máximo que hizo sobre este tema fue remitirle una nota al entonces jefe de la marina, lo que parece casi un chiste, solicitándole que controlen la zona ribereña.
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