La jueza Lici Sánchez sobreseyó provisionalmente a pedido de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, Néstor Horacio Barczuk, extraditado recientemente desde Argentina por el secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche, ocurrido en 2003. Con lo resuelto se ordenó además su inmediata libertad. Durante la audiencia preliminar, la defensa planteó el incidente de extinción de la […]
La jueza Lici Sánchez sobreseyó provisionalmente a pedido de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, Néstor Horacio Barczuk, extraditado recientemente desde Argentina por el secuestro de la empresaria María Mercedes Elizeche, ocurrido en 2003. Con lo resuelto se ordenó además su inmediata libertad.
Durante la audiencia preliminar, la defensa planteó el incidente de extinción de la acción penal por presentación extemporánea del requerimiento conclusivo y como consecuencia de ello, el sobreseimiento definitivo del señor Néstor Horacio Barczuk en el transcurso del presente proceso mi representado fue declarado en estado de rebeldía, extraditado del país vecino Argentina y puesto a disposición de este Juzgado imponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva, resolución en la cual también se le ha señalado nueva fecha de presentación de requerimiento conclusivo.
“A este respecto, señala el art. 83 del CPP que la declaración de rebeldía no suspende la investigación salvo en casos que se refiere a resoluciones que pongan fin al proceso, es decir, el Ministerio Público tuvo facultad de seguir investigando y presentar su requerimiento concluida la parte investigativa sin embargo, transcurrido 20 años después nuevamente se le concede un plazo para proseguir la investigación lo que claramente afecta la garantía del plazo razonable establecida en el art. 17 inciso 10 de la Constitución Nacional”, expresa la fiscal Graciela Romero.
La fiscal María Irene Álvarez señala en su contestación que fundamenta el pedido de rechazo conforme a la extradición concedida del señor Néstor Horacio Barczuk la resolución emanada en ese sentido claramente señala que la extradición quedara suspendida hasta tanto el mismo cumpla la condena de 25 años que le fuera impuesta por el hecho punible de secuestro y asociación criminal en la república argentina, disponiéndose que dicha medida resulta un obstáculo legal que suspende el plazo de la prescripción de la acción.
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