Hasta ahora, los bancos no transfirieron a Senabico alrededor de US$ 15 millones correspondientes a los certificados de depósitos de ahorro, que fueron comisados a Ramón González Daher. En abril pasado, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, ya solicitó a la jueza de ejecución que aperciba a las entidades, de que […]
Hasta ahora, los bancos no transfirieron a Senabico alrededor de US$ 15 millones correspondientes a los certificados de depósitos de ahorro, que fueron comisados a Ramón González Daher. En abril pasado, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, ya solicitó a la jueza de ejecución que aperciba a las entidades, de que los antecedentes serían enviados al Ministerio Público por desacato. El 3 de octubre pasado, se avivó el caso, cuando el fiscal general Emiliano Rolón, en una nota a la ministra Teresa Rojas, señaló, que, al no disponerse físicamente de los CDA...
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, respondió a un escrito de la Senabico manifestando que el análisis jurídico-institucional ha concluido que, ante la imposibilidad de disponer físicamente de los CDA para su presentación y cobro de los importes correspondientes por parte del Estado paraguayo, “una posible solución es solicitar la declaración de ineficacia jurídica de dichos documentos en sede jurisdiccional. Esto permitiría, conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 1530 del Código Civil, que el Juzgado interviniente autorice el pago de los valores...
Agregó que resulsatría positivo que la acción que promueva la Senabico, se encuentre acompañada por la PGR, en calidad de coadyuvante, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 6837/21 y el artículo 78 del Código Procesal Civil; coordinación que permitirá asegurar una gestión más ágil y efectiva en la recuperación de los valores comisados.
En su presentación dirigida a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, la Senabico mencionó hizo mención a esta conclusión de la Fiscalía General, alegando que no proceder de tal manera, puesto que la situación de los CDA que fueron comisados, no se subsumen en los presupuestos que establece la norma para la promoción de la demanda de privación de eficacia jurídica.
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