Los decretos reglamentarios del PGN -hasta el ejercicio 2024- impedían explícitamente que ministros y altos funcionarios con sueldos o dietas equivalentes o superiores percibieran gratificaciones bajo concepto alguno. Sin embargo, para el 2025, el Ejecutivo borró esta restricción, habilitando el desembolso y dejando cada vez más sin sustento la defensa del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, sobre la supuesta legalidad de sus cobros entre marzo de 2025 y febrero de este año.
Bachi Núñez y ministros tenían prohibido cobrar bonificaciones hasta 2024
Clara, concisa y taxativa. Así era la restricción que impedía al presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con rangos equivalentes percibir pagos extra bajo los Objetos del Gasto (OG) 133 “bonificaciones” y 137 “gratificaciones”. La prohibición alcanzaba al procurador general, al contralor y a cualquier cargo con remuneración igual o superior a la de un ministro del Ejecutivo. Esta normativa técnica explica por qué ningún antecesor de en la presidencia del Congreso percibió los cuestionados sobresueldos.
Santiago Peña, presidente de la República. Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2025, la exclusión se borró del Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta modificación deliberada destruyendo el argumento de legalidad esgrimido por Núñez para justificar los casi G. 254 millones percibidos entre marzo de 2025 y febrero de este año.
El análisis de los decretos reglamentarios firmados durante los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2019-2023) deja al descubierto la maniobra del presidente Santiago Peña para facultar el uso de fondos públicos en sobresueldos millonarios encubiertos.
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