No tuve la oportunidad de asistir a la rendición de cuentas del pasado 26 de febrero a cargo del intendente Felipe Salomón, pero encontré tiempo para escuchar detenidamente la grabación, que se extendió un poco más de dos horas. En ella, el intendente presentó un panorama sumamente optimista sobre la gestión municipal, destacando el orden […]
No tuve la oportunidad de asistir a la rendición de cuentas del pasado 26 de febrero a cargo del intendente Felipe Salomón, pero encontré tiempo para escuchar detenidamente la grabación, que se extendió un poco más de dos horas. En ella, el intendente presentó un panorama sumamente optimista sobre la gestión municipal, destacando el orden financiero, el progreso de las obras en curso y las inversiones proyectadas. Sin embargo, quedó patente una evidente omisión: los problemas que inquietan profundamente a la ciudadanía no fueron abordados en el discurso oficial.
Es innegable que la administración actual ha mostrado un compromiso visible con la ejecución de obras. La mejora de calles, la restauración de plazas, la pavimentación y la gestión de proyectos de infraestructura han sido aspectos en los que el intendente ha trabajado con persistencia. Asimismo, sus constantes reuniones con representantes del Gobierno Nacional para gestionar inversiones viales son un indicio de su interés por mejorar la ciudad.
No obstante, este despliegue de obras contrasta con la ausencia de respuestas sobre las problemáticas que afectan el día a día de los sanlorenzanos. En redes sociales y en los pasillos del municipio, las quejas siguen siendo las mismas: el desorden en los alrededores del mercado, la caótica movilidad urbana, la pésima calidad del transporte interno y la proliferación de tragamonedas en zonas prohibidas.
El balance financiero presentado en la rendición de cuentas destacó cifras alentadoras, aunque sin abordar las diferencias en los números que en reiteradas ocasiones ha señalado el concejal opositor Isaac Rojas. Tampoco hubo menciones sobre las denuncias presentadas ante la justicia ordinaria por la falta de respuesta a solicitudes de información pública.
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