La audiencia preliminar de Paraguayo Cubas, Celso Miranda y Jorge Brítez, todos candidatos por el Movimiento Cruzada Nacional, fue fijada para el 19 de abril, es decir, tres días antes de las elecciones. Llamativamente, la audiencia preliminar fue fijada para el jueves 19 de abril próximo, tres días antes de las elecciones. junto a su colega, Yolanda Paredes, en representación de Paraguayo Cubas respondieron la citación a la audiencia preliminar pidiendo al magistrado que admita la inconstitucionalidad de la acusación y que en consecuencia, otorgue el sobreseimiento de los procesados.
La audiencia preliminar de Paraguayo Cubas, Celso Miranda y Jorge Brítez, todos candidatos por el Movimiento Cruzada Nacional, fue fijada para el 19 de abril, es decir, tres días antes de las elecciones. Esto en el marco de la acusación por daño a cosa de interés común y violación de la Ley de Garantía de Fueros, impulsada por el Ministerio Público. Fue porque los procesados participaron de una protesta en la sede de la Fiscalía de Ciudad del Este, en repudio a los hechos de corrupción.
Los tres acusados son conocidos por su postura de oposición y fuertes reclamos contra la corrupción en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación del Alto Paraná. Llamativamente, la audiencia preliminar fue fijada para el jueves 19 de abril próximo, tres días antes de las elecciones. El expediente está a cargo del juez penal de garantías número 3, Carlos Vera, quien tras la audiencia preliminar deberá decidir si eleva o no la causa a juicio oral y público.
Ayer el abogado Nicolás Russo, en representación de Celso Miranda y Jorge Brítez; junto a su colega, Yolanda Paredes, en representación de Paraguayo Cubas respondieron la citación a la audiencia preliminar pidiendo al magistrado que admita la inconstitucionalidad de la acusación y que en consecuencia, otorgue el sobreseimiento de los procesados.
Los profesionales señalaron que el proceso en cuestión constituye una aviesa criminalización de las manifestaciones públicas, “en una peligrosa acción, utilizando el poder punitivo para cercenar el derecho a la protesta que es el preludio de la construcción de una dictadura. Se busca de esta forma inmovilizar a la ciudadanía a través del temor, tal como lo advirtió el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura”, reza parte del escrito.
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