Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, defendió el proyecto de administración temporal para evitar la quiebra de empresas vinculadas a ueno bank y aseguró que no implicará el uso de fondos públicos ni la asunción de deudas por parte del Estado.
Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia, se refirió al proyecto de administración temporal de las empresas productivas que están ligadas a , cuyo cierre desató una crisis financiera y política.
Afirmó que la iniciativa busca evitar que las sociedades caigan directamente en procesos de quiebra judicial y salvaguardar entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo y no representará un costo para el Estado.
“No se expropia nada, lo único que se cambia es el administrador, un administrador provisional. No se usan fondos públicos porque el Estado no asume ni garantiza deudas y tampoco se paga, y los costos se pagan de la propia sociedad que va a estar siendo afectada”, aclaró.
En su opinión, la iniciativa permitirá renovar, reestructurar y refinanciar las obligaciones de manera que las empresas puedan postergar vencimientos que deben afrontar en los próximos días o semanas.
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