Asunción, IP.- La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación por los incumplimientos de la Ley en el país, y señaló que el principal obstáculo por el cual atraviesan los propietarios de tierras, es el “ Plan de Acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno,” más conocido como Protocolo del Ministerio del Interior. ¿Por qué un establecimiento agrícola, agroforestal o una Reserva privada debe cumplir un protocolo en casos de invasión ilegal? Explicó que inclusive en algunos casos, se han documentado con fotos y grabaciones, la participación de algunos parlamentarios en casos de invasiones de tierras registrados en diversas partes del país, quienes alegan cumplir su función de “atender los reclamos sociales”.
Asunción, IP.- La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación por los incumplimientos de la Ley en el país, y señaló que el principal obstáculo por el cual atraviesan los propietarios de tierras, es el “ Plan de Acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno,” más conocido como Protocolo del Ministerio del Interior.
La ARP, a través de su Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, recibió unos 17 casos de invasión de tierras, algunos de ellos con denuncias por deforestación indiscriminada en bosques nativos. Sin embargo, propietarios no cuentan con garantías ni respuestas eficientes por parte de las autoridades. El caso más importante es el de la Ganadera Pindó S.A., debido a que los invasores se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas.
Al respecto, el presidente de dicha Comisión, Miguel Doldán, aseguró que la principal desventaja por la que atraviesan los propietarios de tierras es el protocolo que deben cumplir frente a invasiones (desde el 2012). Señaló que más bien es un estatuto para garantizar la violación de las leyes, y garantiza el atropello tanto a propiedades privadas como estatales. Esto impide que, en la práctica, se lleven a cabo los desalojos y la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños, por el gran obstáculo burocrático de notificar a un sinnúmero de instituciones antes de realizar...
Sobre el “protocolo,” Doldán aclaró que no desean la eliminación de dicho documento, pero que sin embargo, plantean lograr una flexibilización de la burocracia, para brindar mayores garantías a los legítimos propietarios y que los procesos de restitución se realicen de manera más instantánea.
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