El Ministerio Público es un órgano creado con el fin de velar por el respeto a los derechos y garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, el ambiente, y otros intereses difusos. Así lo establece su ley orgánica N° 1562/2000.
Tiene autonomía administrativa y funcional. Es así que el artículo quinto de su carta orgánica les impone la condición de oficiosidad y obligatoriedad en la investigación de los casos que afecten al interés público.
Es decir, enterado de un hecho punible que afecte al interés común el fiscal puede y debe actuar “de oficio”. Sin necesidad que medie denuncia alguna, está obligado a hacerlo.
Toda esa “oficiosidad” y “obligatoriedad“, sin embargo, no siempre están al servicio de la sociedad. A menudo ese poderío de acción, que no es poco, está al servicio de sectores de influencia política o económica.
Los fiscales tienen, literalmente, la posibilidad de construir una sociedad en la que impere la justicia y la equidad. Donde se precautele el interés ciudadano en las instituciones, y no una en la que impere la ley del más fuerte.
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