Se trata del proyecto de «Ley que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del estado, de las Gobernaciones y Municipios».
El proyectista, Javier Zacarías Irún pidió el tratamiento sobre tablas, ya que el documento no contaba con dictamen de Comisión, y una vez dictaminado por el pleno, el proyecto fue aprobado en mayoría.
El proyecto tiene por objeto la racionalización del gasto público a consecuencia de la escalada del precio del petróleo a nivel mundial. Se exceptúa a aquellas instituciones donde el funcionamiento depende del combustible, como ser patrulleras. ambulancias, móviles de la Fiscalía, entre otros», explicó Zacarías Irun.
Dijo que el ejemplo debe empezar por las autoridades nacionales, magistrados, secretarios de estado, servidores públicos y gobiernos locales, de tal forma a hacer más llevadera esta economía de guerra que afecta a los ciudadanos de nuestro país y del mundo.
Artículo 1º. Prohíbase la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del estado y de los organismos y entidades del estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado y de las gobernaciones y municipios, en todas sus modalidades y de forma permanente.
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